El pasado 24 de julio, prácticamente en vísperas de la posesión de Iván Duque como nuevo presidente de Colombia y, por su intermedio, el inminente retorno del uribismo al poder Ejecutivo tras ocho años de oposición sin cuartel al gobierno de Juan Manuel Santos, la Corte Suprema de Justica llamó a indagatoria formal al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador de la república, mentor del nuevo presidente, líder de la mayor bancada en el Congreso colombiano y el político con mayor influencia del país.
El motivo de esta citación para el próximo 3 de septiembre es la acusación por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en contra del senador Iván Cepeda (uno de sus principales opositores) dentro de un proceso que lleva ya cuatro años y se refiere a la divulgación que éste hiciera de testimonios de paramilitares en los que vinculan a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez como gestores del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
El primer movimiento del exmandatario fue anunciar su renuncia al senado por las redes sociales. Durante una semana el país político y el cotarro judicial estuvieron atentos a la confirmación de la renuncia al senado y a su fuero de congresista, que se especuló le convendría jurídicamente al llevar su caso ante la justicia ordinaria, que ofrece más instancias de defensa. Los colombianos vieron la carta firmada, supieron de su recibo por el presidente del Senado, quien luego viajó a Medellín a visitar a Uribe para reconfirmar su renuncia.
Fue tal el alboroto que Uribe Vélez logró opacar mediáticamente a su presidente electo, además de poner en un posición difícil a su copartidario. Como presidente electo Duque le ha dado su respaldo, aunque a distancia para evitar salpicaduras. Y ya como presidente deberá respetar la separación de podres y acatar los fallos judiciales. Uribe, la gran catapulta del candidato Duque puede convertirse en el yunque del presidente electo.
A finales de la semana pasada el caso dio un nuevo giro: Uribe canceló su renuncia al senado, sus abogados recusaron a los tres magistrados de la sala penal y dejaron en pausa los términos del proceso. Además, en un movimiento muy sorpresiva para sus opositores, la defensa de Uribe Vélez llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- y solicitó medidas cautelares, las mismas que varios líderes de izquierda pidieron en tiempos del gobierno del exmandatario y que fueran descalificadas tanto por Uribe Vélez como por miembros de su partido y aliados, que llegaron a decir que ese es un organismo de izquierda, parcializado y mandado a recoger.
