Medio Ambiente realizó un operativo nocturno en bares del DN
Durante casi once meses del año pasado, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 recibió 90,219 denuncias de contaminación sónica en el Gran Santo Domingo, de las cuales, cerca del 97 por ciento, 87,647 casos, corresponden a “música alta”.
De acuerdo al informe de rendición de cuentas presentado el pasado 27 de febrero al Congreso Nacional, del total de denuncias por contaminación sónica recibidas a través de la línea de emergencias, hasta el 20 de noviembre pasado, el 1.87 por ciento estuvo asociada a ruidos generados por equipos, organizaciones y vehículos, y el 0.98 por ciento, estuvo relacionado con las construcciones.
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denuncias de ruidos por hora recibió el 9-1-1 el año pasado de residentes en el Gran Santo Domingo.
También, el 911 registró que la mayor fuente de quejas sobre la atención de la Policía Nacional, estaba relacionada con gestión de ruidos, debido a que registraron 297 casos recibidos, de los cuales 263 correspondían a ese concepto.
El informe de rendición de cuentas destaca que la Ley 184-17 establece entre los objetivos del Sistema 911: “apoyar las acciones para cumplir las normas relativas a prevenir, suprimir y limitar los ruidos nocivos y molestos que producen contaminación sonora”.
Tímidos datos
Las memorias presentadas por el Ministerio de Interior y Policía incluyen tímidos detalles sobre el tema de contaminación sónica.
Esa cartera reportó que, de forma global, hizo 47 operativos de control de horario de expendió de bebidas alcohólicas, obstrucción a la vía pública, contaminación sónica, presencia de menores y de porte de armas blanca y de armas de fuego. Esas acciones fueron realizadas en las regiones Norte, Este, Sur, Distrito Nacional y Santo Domingo.
Además, el Ministerio de Interior y Policía reportó que la Policía Nacional realizó 765 operativos en Santiago en los cuales incautaron 2,898 equipos de sonido por contaminación sónica y que, por esa misma causa, fueron retenidos 130 vehículos.
Rendición cuentas
Mientras que, en el informe de rendición de cuentas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al 2022, se informa que fue realizado un operativo nocturno en bares y restaurantes ubicados en el Distrito Nacional por “ilícitos de contaminación sónica”. Dicho operativo se hizo en coordinación con la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y la Dirección de Supervisión y Fiscalización.
Sanciones de hasta 2 años por bulla en campaña electoral
La nueva ley de Régimen Electoral establece sanciones de hasta dos años para las personas que excedan los niveles de decibeles permitidos para la emisión de ruido en actividades electorales, los cuales varían según se trate de zonas de tranquilidad, residenciales, comerciales y carreteras. La legislación castiga con prisión correccional de seis meses a dos años a las personas que cometan una serie de delitos, entre los cuales se encuentra la violación de las normas sobre medio ambiente en la realización de la campaña electoral. En especial, aquellas que afecten la flora, la fauna y los niveles de decibeles permitidos para la emisión de ruidos. Para la investigación y persecución de ese y los demás delitos electorales la Ley crea la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales. Los tribunales que conocerán los casos presentados por los fiscales serán los ordinarios.La regulación de los niveles de ruido en las actividades que celebran los partidos políticos es adjudicada a la Junta Central Electoral (JCE) en la Ley de Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos que Producen Contaminación Sonora.La JCE también podrá imponer sanciones administrativas de 1 a 200 salarios mínimos a los partidos, agrupaciones, movimientos políticos o candidatos que contribuyan con la contaminación auditiva fuera del horario y las condiciones permitidas. Zonas de toleranciaEsta misma norma autoriza a los ayuntamientos a establecer zonas de tolerancia al ruido para actividades especiales, “previa certificación de no objeción del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.
