Los argentinos se echaron a la calle en una imagen que resucitó las movilizaciones masivas contra la última dictadura (1976-83). El gentío salió para repudiar la llamada ley del 2 x 1 que permitió reducir a la mitad la pena a un ex represor, tras un fallo de la Corte Suprema, al aplicarle la norma que computa doble el tiempo pasado en prisión sin sentencia firme.
Miles de personas se concentraron en la Plaza de Mayo y las calles aledañas mientras el Senado daba luz verde a un proyecto de ley que, a partir de ahora, impide que esos beneficios de reducción de condenas se apliquen a presos por crímenes de la dictadura. Los delincuentes comunes podrán seguir reclamando, aunque con matices, la rebaja de sus condenas.
«Señores jueces, nunca más», clamaban los manifestantes en alusión a la frase del fiscal Julio César Strasera con la que terminó su alegato durante el juicio a las juntas militares. «Acá está el pueblo, un pueblo más sabio, más comprometido, más fuerte para resistir estos embates que nos retrotraen a un pasado siniestro y que quieren consolidarse como un presente y futuro», alzó la voz Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y militante kirchnerista, movimiento que, prácticamente, monopolizó el escenario. «Afortunadamente, —añadió—, la sociedad ha reaccionado con firmeza». Taty Almeida, miembro de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (enfrentadas con Hebe de Bonafini), aseguró que la manifestación, con decenas de miles de personas, no nació de «ningún tipo de partidismo», sino del repudio popular por la «barbaridad que se mandó la Corte Suprema».
Mauricio Macri, presidente de Argentina, reaccionó con celeridad. «Estoy en contra de cualquier herramienta que sea a favor de la impunidad. Más aún cuando esa herramienta se quiere aplicar para delitos de lesa humanidad». El mandatario dejar claro que él no compartía un fallo que ha tenido, como consecuencia inmediata, la imputación de los magistrados que lo firmaron.
Macri también recordó que existe la independencia de poderes en Argentina y se defendió de las acusaciones que aseguraban que la mano del Ejecutivo estaba detrás de la polémica sentencia. Este último punto apuntaba a las denuncias de injerencia en el poder judicial del kirchnerismo en general y de la ex presidenta, Cristina Fernández que, irónica desde Europa, había dicho: «En Argentina lo único independiente son los reyes de España».
El Gobierno, atento al rechazo brutal desatado por la aplicación de la ley a un ex torturador reaccionó con un proyecto de ley —aprobado la pasada madrugada— que ponía límites y que, salvo una excepción, logró el consenso de las Cámaras. La flamante ley modifica la 24.390, y establece que es inaplicable en genocidios, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. La conocida como «2×1» establecía, sin excepción, que si la detención preventiva de un imputado superaba los dos años, cada día se computaría doble a la hora de establecer la duración de su condena.
El caso que desató las movilizaciones que llegaron hasta el mundo del fútbol (carteles y camisetas en estadios y jugadores) fue el de Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por torturas y secuestros cometidos en un centro clandestino de detención durante el último régimen militar. Tres de los cinco jueces de la Corte Suprema le aplicaron la ley más benévola en contra de la opinión de los otros dos magistrados que consideraron que al hacerlo se violaban los Tratados Internacionales, con rango constitucional, y el principio que observa que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar. La tendencia de la Corte la última década apuntaba en este sentido pero también hubo excepciones que contaron, incluso, con el fallo a favor de la rebaja de condena del ex juez de la Corte más identificado con el kircherismo y el garantismo, Raúl Zaffaroni.
