Uno tras otro, expertos en medio ambiente, políticos, religiosos y empresarios, han fijado su atención en el problema ambiental y social sembrado en las orillas de los ríos de República Dominicana, que convierte sus cauces en kilómetros de agua inmunda que sobrepasa los muros de contención imaginarios con cualquier llovizna, para lavarle los pies a la miseria.
“Rescatar” los ríos, término utilizado en 50 años hasta el hartazgo en referencia a la limpieza ambiental que debe llevarse a cabo para reducir el impacto ecológico de la contaminación – y dicho sea de paso, mejorar la calidad de las personas que conviven a diario con el mal olor y las enfermedades –, solo ha dejado como fruto proyectos ineficaces y muchas veces costosos, diluidos en el tiempo.
Las aguas negras y pestilentes que se apropian de las corrientes del Yaque del Norte, Higuamo, Haina y Ozama, se han mantenido casi sin cambio en esas cinco décadas de saneamiento infructífero.
Tan solo en el río Ozama se han desarrollado (o planteado) distintos proyectos para combatir el problema ecológico y habitacional que afecta su cauce, entre ellos el proyecto Reubicación de la Barrios los Guandules, Guachupita y La Ciénaga, de 1959, ejecutado durante el gobierno de Rafael L. Trujillo Molina.
El programa, elaborado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, consistió trasladar al sector de Los Mina a los residentes de los barrios Los Guandules, Guachupita y La Ciénaga. Pese a que la reubicación pudo llevarse a cabo, tal como reseña la Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita, “debido a falta de seguimiento estatal, al poco tiempo las zonas desalojadas volvieron a poblarse».
El río Higuamo, de San Pedro de Macorís, también ha tenido su cuota de planes, conversatorios y proyectos para su intervención y recuperación, sin éxito. En 2006, el Departamento de Gestión Ambiental Municipal del Ministerio – en esa época Secretaría – de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales propuso crear un movimiento integrado por munícipes, y encabezado por los síndicos de los cuatro municipios ubicados en la cuenca del río para por su recuperación.
Siete años más tarde, en 2013, el diputado Franklin Peña indicó que sometió por ante la Cámara de Diputados dos proyectos de ley para el rescate del río Higuamo, a través de los cuales se crearía un fondo fijo anual en el Presupuesto Nacional.
El arquitecto y especialista en urbanismo, Erick Dorrejo, se sumó en 2016 a la lista de propuestas para relanzar San Pedro de Macorís a través del rescate de la cuenca de la Sultana del Este.
También en el Yaque del Norte, el río más importante de Santiago, se han dado a conocer acciones, peticiones y reclamos para mejorar las condiciones del río más largo del país, que incluya los asentamientos humanos y las empresas que hacen uso la cuenca vertiendo residuos contaminantes.
Sin embargo, todos los proyectos aplicables serán poco efectivos sin una supervisión constante por parte del Estado y de seguimiento de los planes, además de aplicar las sanciones correspondientes en caso de violación a la normativa medioambiental.
Responsabilidad legal
En República Dominicana han sido pocos los procesos judiciales ventilados en los tribunales dominicanos por violaciones a las normas de medio ambiente.
Giselle Pérez, directora del departamento de Medio Ambiente, Turismo e Inversión Extranjera en el bufete Guzmán Ariza, Abogados y Consultores, destaca que algunos de estos casos han terminado manejándose a nivel administrativo.
Uno de estos ejemplos es el de Metales Antillanos, ubicada en la zona industrial La Isabela, Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte. Esta compañía especializada en la compra, recolección, transporte, tratamiento-procesamiento de metales ferrosos para exportación, fue cerrada por Medio Ambiente debido a que la empresa realizaba actividades de desmantelamiento de barcos dentro de la franja de los 30 metros de protección, a pesar de que la licencia número 0558-07 contemplaba el uso temporal de dicha franja para realizar cortes de piezas grandes.
Pero esa no fue la primera vez que Metales Antillanos fue cerrada. En 2011, cuatro años antes, el Ministerio la clausuró por contaminación hídrica producida por desguace de barcos. También se le impuso una multa de RD$353,107.50, como la reparación de los daños ambientales provocados en la orilla del río Isabela.
“Todas las actividades producen un impacto ambiental”, indica Pérez. Resalta que ley 64-00 Sobre Medio Ambiente establece que toda actividad o proyecto que pueda provocar impacto debe solicitar una autorización ambiental.
Menos reciente, pero más dramático fue el depósito a partir del 2003 de más de 27 mil toneladas de cenizas de carbón procedentes de la planta AES en el municipio autónomo de Guayama, Puerto Rico, y que permanecieron abandonadas en el puerto Juan Pablo Duarte de Arroyo Barril durante casi cuatro años, descargados a cielo abierto, sin un plan de manejo.
Análisis a los residuos en Arroyo Barril exhibieron resultados de arsénico, vanadio y cadmio muy por encima de los niveles internacionales establecidos. También berilio, un elemento que puede acumularse en el agua – que era consumida por los residentes de la comunidad –. El berilio puede incrementar las posibilidades de desarrollar cáncer, además de provocar daño en pulmones y neumonía.
Los abortos espontáneos, malformaciones y partos prematuros se extendieron por la zona junto al polvo tóxico. En 2007, seis millones de dólares (200 millones de pesos según el tipo de cambio en el momento) bastaron para que el país retirara la demanda que tenía en contra de la compañía AES en los tribunales de Estados Unidos. Se trató de “un acuerdo razonable”, según las palabras de Max Puig, extitular de Medio Ambiente (2004 a 2008).
El acuerdo con el consorcio energético también favoreció al empresario estadounidense Roger Charles Fina, quien había sido acusado de sobornar a funcionarios dominicanos para que le permitieran depositar el rockash en Montecristi y Samaná, quedando libre del proceso judicial en Estados Unidos.
El subsecretario de medio ambiente Héctor René Ledesma fue condenado a 6 meses de prisión y el pago de 10 mil salarios mínimos por su firma de no objeción para la importación del material.
El exdiputado y exdirector ejecutivo de la Autoridad Portuaria (2001-2004), Rosendo Arsenio Borges Rodríguez, fue declarado culpable y posteriormente descargado por el caso. Ledesma fue el único condenado. Pérez señala que las sanciones a los funcionarios que permitan acciones que provoquen daños ambientales, están contempladas en el artículo 171 de la ley 64-00.
En lo que respecta a las empresas, asegura que este sector ha tomado más conciencia sobre el cumplimiento de las leyes ambientales y, asimismo, existe más fiscalización y supervisión para identificar quién la está incumplimiento.
