La Comisión endurecerá la política de visados para países que no controlen la migración
Bruselas propone desembolsar 3.000 millones de euros a Turquía en un momento crítico de la relación bilateral. La Unión Europea ya ha abonado esa misma suma en concepto de ayuda a los refugiados sirios durante los últimos dos años. Pero el acuerdo migratorio adoptado en marzo de 2016, clave para la reducción de las llegadas de demandantes de asilo a las costas griegas, incluía doblar esa cantidad inicial a partir de 2018. Así lo ha recordado este miércoles el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, que pide a los Estados habilitar ya ese dinero. El deterioro del Estado de derecho en Turquía disuade ahora a los Estados miembros de buscar más fondos extraordinarios.
La financiación a Turquía para que atienda a los 3,5 millones de refugiados sirios que alberga en su territorio constituye una de las claves que explica el freno brusco de los flujos de llegadas desde 2016 (los registros de 2017 supusieron apenas una cuarta parte de los de 2016). Bruselas construyó un esquema muy garantista que impidiera facilitar el dinero directamente a las autoridades turcas para evitar recelos. En su lugar, se han ido librando aportaciones en función de proyectos concretos (liderados por ONG y organizaciones internacionales). Ankara se queja de que el dinero llega con cuentagotas y de que no compensa el esfuerzo en sanidad y educación que realizan sus instituciones para asistir a los asilados. Aunque Avramopoulos ha asegurado que los 3.000 millones anteriores ya están contratados, el pago efectivo va más retrasado (faltan más de 1.000 millones por liquidar).
El comisario se adelanta a las cuitas que ya le han expresado algunos países pero esgrime la reducción de llegadas como logro al que no se puede renunciar. “Tomo nota de las objeciones de los Estados miembros y ahora tenemos que discutirlo. Pero viendo cómo ha funcionado el acuerdo entre la UE y Turquía, creo que debemos continuarlo”, ha asegurado en conferencia de prensa.
El reparto de la carga financiera es lo que más inquieta a algunos socios. Bruselas defiende mantener la proporción anterior: un tercio de los fondos a cargo del presupuesto comunitario y los dos restantes provenientes de los Estados miembros. Algunos argumentan que ya han realizado suficientes aportaciones extraordinarias en los últimos años y que la Comisión dispone ahora de margen de maniobra para elevar su aportación.
Tensión con Ankara
La primera negociación para buscar en todos los rincones los 3.000 millones invertidos en los dos primeros años para los refugiados en Turquía ya fue tortuosa. Algunos Estados tenían dificultades políticas para justificar pagos a un país cuyo cumplimiento de los valores democráticos iba en retroceso. Desde entonces, los roces entre el Gobierno turco y la UE se han agravado. Y Alemania, después de ver a varios de sus ciudadanos encarcelados en prisiones turcas por presunta colaboración terrorista, mantiene serias dudas sobre si hacer ese gesto que, en última instancia, beneficia a las autoridades de ese país. Por otra parte, nadie quiere correr el riesgo de reeditar las imágenes de refugiados llegando sin control a las costas europeas si Turquía decide relajar la vigilancia. Y algunos de esos ciudadanos alemanes han sido liberados en las últimas semanas como símbolo de distensión.
Más allá de pedir fondos adicionales para Turquía, el Ejecutivo comunitario quiere endurecer la política de visados para los países que no cooperen con el control migratorio. Avramopoulos ha explicado que los criterios de concesión de visados, ahora idénticos para los 105 países cuyos ciudadanos deben obtenerlos para entrar en la UE, se modificarán para los que no colaboren. “La política de visados estará ligada al grado de cooperación. Los países tienen la obligación de readmitir a sus ciudadanos [expulsados del espacio comunitario]. No puedo entender cómo un país puede rechazar esa obligación”, se ha quejado Avramopoulos, pese a la evidencia de que las remesas que los inmigrantes reenvían a sus lugares de origen superan con creces cualquier ayuda al desarrollo que pueda habilitar la UE.
Aunque el derecho a recibir el visado seguirá dependiendo de las condiciones individuales del viajero que lo solicite, para los habitantes de esos países considerados poco colaboradores el trámite resultará más largo, más oneroso y requerirá la presentación de más documentos, según explica la Comisión.
A cambio, se acortarán los plazos y los procedimientos para “los viajeros de buena fe”, en palabras de Avramopoulos. Las decisiones sobre la concesión o no de ese documento se acelerará desde los 15 días actuales a 10, según la propuesta.
