¿Cómo hacer frente al terror islamista? ¿Son los refugiados una amenaza para la seguridad? ¿Cómo lograr una Alemania más segura? Son preguntas que acaparan ríos de tinta y horas de debate en estos días previos a las elecciones en un país que hace apenas dos años veía la amenaza terrorista desde la barrera.
Hoy en día ningún tema preocupa más a los alemanes que la seguridad. Tras los atentados de Niza, París y Bruselas, el terror yihadista golpeó a Alemania con tres atentados en 2016. El más sangriento tuvo lugar en diciembre en un mercado navideño de Berlín, cuando un camión que embistió a la multitud dejó un saldo de 12 personas muertas. Anis Amri, el joven tunecino autor de la masacre, llegó como refugiado en la oleada de 2015, utilizó 14 identidades diferentes en Alemania, estaba fichado por las autoridades y tenía pendiente una orden de expulsión que nunca se materializó.
El caso Amri desveló fallos en la seguridad del Estado y dio alas a la derecha populista, que reforzó su mensaje xenófobo. «Estos son los muertos de Merkel», dijo el eurodiputado de la AfD Marcus Pretzell la misma noche del atentado en Berlín.
Aunque los grandes partidos se esforzaban por mantener la calma, muchos alemanes contemplaban con horror cómo se confirmaban las sospechas de que entre los cerca de 900.000 refugiados que entraron al país se habían mezclado islamistas utilizando identidades falsas. El mensaje del miedo empezaba a calar en la sociedad.
Expulsiones de refugiados, mayor videovigilancia
Ante esta tesitura, el Ejecutivo de Berlín comenzó a tomar medidas con celeridad respecto a un tema que podría pasarle factura en las urnas. Se agilizaron los arrestos de extranjeros potencialmente peligrosos, que las autoridades cifraron en unos 600 en todo el país.
También aumentaron las expulsiones de refugiados sin permiso de asilo, sobre todo los provenientes de los Balcanes y del Magreb, regiones consideradas seguras por las autoridades. Se introdujeron medidas para vigilar a presuntos terroristas, como las tobilleras electrónicas, y se autorizó el decomiso de teléfonos móviles de refugiados para determinar la identidad de los migrantes.
El Ejecutivo también creó un nuevo centro policial de coordinación antiterrorista que fue inaugurado el pasado 8 de agosto en Berlín. También impulsó mayor videovigilancia en lugares públicos, un tema que genera gran recelo en la sociedad germana, que valora la privacidad como un tesoro. La restrictiva ley de protección de datos fue modificada y las primeras cámaras ya están siendo probadas en la estación berlinesa de Südkreuz.
El debate acapara la atención de cara a los comicios del domingo. Si en la campaña para las generales de 2013 se discutía sobre la crisis financiera y los rescates de países del sur de Europa, cuatro años después, y de nuevo con Angela Merkel liderando las encuestas, todos se preguntan cómo frenar el terror yihadista.
En su programa, los cristianodemócratas de Merkel proponen una mayor coordinación entre instituciones, algo que a menudo brilla por su ausencia en el federalismo alemán. La confusa asunción de competencias fue uno de los principales problemas que sacó a relucir el caso Amri: a veces las oficinas federales y regionales se solapan; otras, en cambio, dejan espacios sin cubrir.
En ese sentido, el ministro De Maizière no ha cesado en sus exigencias centralizadoras en materia de seguridad. En una carta enviada al diario Frankfurter Allgemeine Zeitung pocos días después del atentado en Berlín, el titular de Interior subrayó: «El federalismo refuerza el Estado y brinda cercanía en temas regionales. Pero la seguridad estatal tiene que ser dirigida desde el Estado».
Diferencias entre partidos
El partido de Merkel también propone una mayor dotación para la Oficina Común Antiterrorista (GTAZ), que actualmente es una plataforma de intercambio de información. La CDU quiere que asuma un papel activo a nivel federal que pueda tomar medidas efectivas contra la amenaza yihadista. Sobre la videovigilancia, tanto la CDU como la AfD están a favor de cámaras con reconocimiento facial, algo a lo que se oponen parcialmente el SPD, La Izquierda, Los Verdes y el Partido Liberal (FDP).
Los socialdemócratas también ponen el acento en una mayor coordinación entre organismos y proponen una oficina antiterrorista al estilo del GTAZ pero a nivel europeo. El SPD aboga por cerrar las mezquitas que promueven la radicalización y cortar la financiación de asociaciones religiosas bajo sospechosa.
Cada partido propone distintas recetas, aunque en una cosa parecen estar de acuerdo: hacen falta más policías. La CDU de Merkel y los socialdemócratas del SPD prometen emplear a 15.000 nuevos uniformados en la próxima legislatura. El resto no hablan de cifras, pero sí de aumentar las fuerzas de seguridad como reacción al repunte de delitos.
Según las estadísticas de criminalidad presentadas por el ministerio del Interior en abril, en 2016 aumentaron en un 14,3% los casos de asesinato y un 12,8% los delitos sexuales. «Son datos que no se pueden maquillar», dijo en su día el ministro De Maizière.
