Más de 6.800.000 mujeres de entre 12 y 17 años de edad han contraído matrimonio o viven en concubinato en el país.
‘Nadia’ tiene apenas 14 años de edad y ya es esposa de un adulto de 23 años, además de ser madre. «Ahora, mi principal preocupación es cuidar a mi bebé, atender a mi esposo y cuidar la casa». Para esta niña, terminar la educación secundaria es impensable aunque, dice, quisiera seguir estudiando.
Como ella, en México más de 6.800.000 mujeres de entre 12 y 17 años de edad han contraído matrimonio o viven en concubinato, indican estadísticas elaboradas por Save the Children a partir de censos y encuestas oficiales.
El capítulo mexicano de esa organización internacional acompaña el caso de ‘Nadia’ y de otros menores que viven en uniones tempranas; un problema que afecta principalmente al género femenino: en promedio, se casan 60 veces más mujeres menores de 15 años que hombres.
Además, las parejas de niñas y adolescentes, en su mayoría, son hombres hasta 30 años mayores que ellas, advierte Ivonne Piedras, oficial de Comunicación e Incidencia de Save the Children.
Por el contrario, explica, solo el 14% de los niños menores de 15 años se casa con mujeres u hombres de entre 18 y 29 años. Y en el caso de los hombres de 15 a 17 años, más del 60% se une a personas de su mismo rango de edad.
Grave violación a los derechos humanos
La ONU considera que el matrimonio infantil –sea formal o informal– es una grave violación a los derechos de la infancia; pero en México esta práctica no está penada y en algunas entidades federativas aún es legal.
Lo más importante es inhibir y desestimular esta nociva tradición, no solo a través de una norma más estricta, sino también de un cambio cultural, indica Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que junto a Save de Children lucha contra el problema.
«Las leyes solo son marcos de actuación, por eso es muy importante avanzar en la batalla cultural para reconocer a las niñas como ciudadanas de pleno derecho, que pueden decidir sobre su cuerpo y su vida. Y esto pasa por los derechos sexuales y reproductivos: no solo es frenar las uniones tempranas, sino también reconocer que ellas deben decidir sobre sus cuerpos», señala.
A los 13 años de edad, ‘Nadia’ ‘eligió’ casarse: «No me gustaba que en la casa de mis papás viviéramos tantas personas; era un cuartito, y a veces tenía que cuidar a mis hermanos». Radicada en Villa Juárez, en el norteño estado de Sinaloa, la niña conoció a su marido mientras ambos trabajaban como jornaleros.
Para ampliar los horizontes de las menores de edad, y que el matrimonio no sea su única opción o la imposición de su entorno comunitario, es necesario que el Estado desarrolle políticas públicas, dice Pérez. Y es que en el país, terceros –como padres, tutores y hasta autoridades– deciden por ellas.
Muchas mujeres, incluso, son obligadas a casarse porque a los padres se les paga una dote. Algo que se dispensa como «tradición cultural», sobre todo en algunos pueblos indígenas.
Para ello, la miseria es un factor determinante. La mitad de la población de cero a 18 años vive en situación de pobreza, lo que implica carencias en muchos de sus derechos, y en Save the Children nos preocupa demasiado esta problemática y ese contexto en el que se desarrollan niñas, niños y adolescentes, señala Ivonne Piedras.
Derechos vulnerados
Las uniones precoces violentan tres derechos fundamentales –a la educación, a la salud y a una vida libre de violencia–, sobre todo en el género femenino.
«Al casarse, muchos menores dejan la escuela. La mayoría de hombres, para incorporarse al mercado laboral en condiciones precarias o informales; y las niñas, para dedicarse a labores del hogar o debido a embarazos prematuros», indica Piedras.
Estar preñadas vulnera su derecho a la salud, además de que, por esa situación, muchas son obligadas a unirse o casarse. «Una niña o adolescente no se encuentra física ni mentalmente preparada para ser madre: está en riesgo de sufrir muerte materna».
Según la OCDE, México es el país con más gravidez adolescente: una de cada cinco embarazadas es menor de edad. Para Piedras, esto se debe a la falta de políticas públicas y garantías a los derechos sexuales de la infancia.
Respecto de la tercera vulneración, indica: las mujeres que se casaron antes de los 18 años de edad viven 57% más violencia física, 61% más violencia sexual, 23% más violencia económica y 11% más violencia emocional en comparación con aquellas que lo hicieron después de los 18 años.
Violencia, principal preocupación
El matrimonio infantil es un elemento importante pero muy pequeño en proporción a las grandes afectaciones a la niñez, señala el director de la Redim. Para el activista, el foco mayor está en la violencia.
«Ahora mismo, siete de cada diez infantes no pueden salir a la calle por miedo a la inseguridad; está normalizado que los menores sean golpeados, y que los padres decidan sobre los cuerpos de sus hijos. Si atacamos eso, expresiones como el matrimonio infantil van a desaparecer», asegura Pérez.
