Amnistía Internacional achaca al régimen y a los rebeldes crímenes de lesa humanidad
“Le daba de mamar, pero no tenía leche. La niña estaba muy débil y lloraba mucho. Cómo podía alguien que acaba de dar a luz mantenerse a base de sopa”. La llegada de un convoy con comida y medicinas a la sitiada comarca rebelde de Guta oriental (provincia de Damasco), ha coincidido en las últimas horas con la difusión del informe de Amnistía Internacional (AI) Nos marchamos o morimos, que incluye testimonios como el antes citado de una madre que dio a luz bajo el sitio de Daraya, al oeste de la capital siria, en 2016. El estudio denuncia la estrategia del régimen sirio y grupos insurgentes de rendir por hambre reductos rivales cercados. La muerte de civiles por malnutrición y enfermedades producidas tras prolongados asedios y el desplazamiento forzoso de población constituyen para la ONG humanitaria “crímenes de lesa humanidad”.
Las fuerzas gubernamentales convirtieron en un yermo los campos de cultivo que rodean Daraya para impedir el suministro local de alimentos, como muestra el análisis de imágenes tomadas por satélite efectuado por Amnistía. El informe constata que milicianos insurrectos suníes reventaron a cañonazos las huertas situadas en torno a Kefraya y Fua, poblaciones chiíes del noroeste leales al presidente Bachar el Asad.
Los 21 camiones fletados por el Comité Internacional de la Cruz Roja que este domingo pudieron abrirse paso hasta la ciudad de Duma por primera vez desde el 17 de agosto transportaban ayuda para 21.000 de los 400.000 habitantes de Guta oriental. La Organización Mundial de la Salud había alertado pocas horas de que estaba en peligro la vida de centenares de personas, sobre todo de niños. Unicef informó en octubre de la muerte de dos bebés.
El Gobierno sirio es considerado por AI responsable de haber impuesto los llamados “acuerdos de reconciliación” a los grupos de la oposición en las ciudades sitiadas de Alepo oriental, Daraya, Al Waer y Madaya, y atribuye a los grupos armados rebeldes Ahrar al Sham y Tharir al Sham el asedio y el desalojo de Kefraya y Fua, defendidas por el régimen. Bloquear el paso de suministros, en una devastadora combinación con bombardeos aéreos y de artillería “supone un ataque sistemático y generalizado a la población civil”, advierte Philip Luther, responsable de la investigación, en un comunicado de AI.
La estrategia era siempre la misma: intensificar los ataques tras interminables asedios y forzar la salida de toda la población. “Hacen falta meses para morir de hambre; los bombardeos aéreos eran otra cosa, se podía morir por metralla en una fracción de segundo”, relata en el informe un habitante del este de Alepo, controlado por la insurgencia hasta diciembre de 2016, que sobrevivió a casi medio año de asedio.
El análisis de las imágenes de satélite refleja que los ataques se llevaron a cabo lejos del frente y de objetivos militares evidentes y golpearon deliberadamente viviendas, hospitales y mercados. “Los 10 días anteriores a la evacuación fueron un infierno”, recuerda un abogado de Alepo. “Era una clara señal para que nos fuéramos”.
