Como corolario de una crisis política que se ha arrastrado por casi dos semanas a raíz del rechazo de un proyecto minero, este jueves la presidenta chilena, Michelle Bachelet, ha dejado caer a su equipo económico, a seis meses de dejar el poder en marzo próximo. En un hecho inédito desde la llegada de la democracia en 1990, donde siempre se procuró la estabilidad de los ministros de esta área, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, fue reemplazado como jefe de las arcas fiscales por Nicolás Eyzaguirre, que ocupó el cargo durante toda la Administración de Ricardo Lagos (2000-2006) y que actualmente era el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES). En lugar del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, llegará Jorge Rodríguez Grossi.
La tercera salida, formalizada hace pocos minutos en el cambio de Gabinete que Bachelet ha celebrado en La Moneda, afecta al subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco. Como Eyzaguirre, Rodríguez Grossi también había liderado el Ministerio de Economía en el mandato de Lagos.
La decisión de Bachelet es inusual para Chile. Los gobiernos de los últimos 30 años siempre habían procurado la estabilidad de sus ministros de Hacienda, por lo que cada Administración solo tuvo un ministro. La única excepción se dio en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1996-2000), cuando el ministro de Hacienda, Eduardo Aninat, dejó el cargo a tres meses de terminar el periodo, en plena crisis asiática, para asumir como subdirector gerente en el Fondo Monetario Internacional. Este segundo Gobierno de Bachelet, sin embargo, ha quebrado la regla. Arrancó el mandato en 2014 con el ministro Alberto Arenas, con un fuerte enfoque de izquierda, pero fue reemplazado por Valdés en mayo de 2015. Su llegada hace dos años había sido interpretada como una señal de moderación en una Administración con un marcado sello reformista.
Las diferencias entre Bachelet y su equipo económico ponen de manifiesto como nunca la fuerte tensión que existe al interior del Gobierno desde el comienzo del segundo mandato de la socialista: crecimiento económico versus agenda redistributiva. Convencida de que su Administración debe tener un fuerte énfasis transformador, con un marcado interés en el combate de la desigualdad desde diferentes frentes, la presidenta tuvo diferencias de opiniones con sus ministros en asuntos como la reforma laboral y las pensiones, por ejemplo. La gota que rebalsó el vaso, sin embargo, fue el reciente rechazo del proyecto minero Dominga, en la región de Coquimbo, en el norte del país.
El Comité de Ministros, una instancia contemplada en la normativa medioambiental, decidió el lunes 21 rechazar el proyecto integrado de mina y puerto en la localidad de La Higuera. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, decidió previamente no participar en la votación por considerar que no se había tenido el tiempo suficiente para estudiar los antecedentes técnicos. El subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, criticó la decisión del Ejecutivo de no autorizar Dominga: «Nos ha faltado tomarnos el tiempo necesario para ver el equilibrio entre la inversión y el mantener la sostenibilidad».
Con la idea de que se había tomado una decisión política y no técnica, el palacio de La Moneda tuvo que parar la rebelión de los economistas. «El papel de los funcionarios públicos es respaldar la institucionalidad que existe en el país. Si a alguien no le gusta una decisión de un organismo regular del Estado y es funcionario público, él no puede hacer comentarios, no corresponde», señaló la semana pasada Mahmud Aleuy, subsecretario del Interior, uno de los dirigentes que tiene mayor cercanía con Bachelet.
La trama comenzó a adquirir mayor complejidad con las declaraciones de Valdés del pasado lunes: «Algunos no tienen el crecimiento dentro de las prioridades más altas». Bachelet, en un golpe de autoridad, le respondió a su ministro de Hacienda: «Chile necesita que crezcamos, sí, necesitamos que la economía crezca, pero necesitamos que el crecimiento vaya de la mano del cuidado del Medio Ambiente».
Con la intervención de la propia Bachelet, Valdés quedó debilitado. La presidenta no realizó gestos públicos para garantizar su permanencia en el gabinete, como se lo pidió parte de su coalición Nueva Mayoría, por los efectos que traerá el cambio del ministro de Hacienda a menos de tres meses de las presidenciales del 19 de noviembre próximo. En el tiempo que resta de Gobierno el ministro no solo debía llevar adelante asuntos delicados, como la discusión del Presupuesto 2018, sino que la decisión de Bachelet tiene efectos político-electorales: uno de los principales énfasis del candidato de la oposición, Sebastián Piñera, está en el crecimiento económico que aparentemente ha descuidado el actual Gobierno.
La derecha, al menos hasta ahora, tiene las mayores posibilidades de ganar la presidencial.
